¿Quienes Somos?

 
 
 
La Oficina de Protección de Derechos (OPD) es una instancia a nivel comunal destinada a brindar protección integral a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en una situación de exclusión social o vulneración de sus derechos.
 
La OPD ofrece atención directa a niños, niñas y jóvenes en su contexto familiar y comunitario. Además, potencia la articulación, fortalecimiento y complementación de circuitos de servicios y recursos para la población infanto-adolescente y facilita el posicionamiento de este segmento de la población como agente activo en la resolución de su problemática social, habilitándola para el efectivo ejercicio de sus derechos. De esta forma se espera contribuir al diseño y gestión de políticas locales de infancia y generar un sistema local eficiente en la protección.
 

¿CUÁNDO ACUDIR A UNA OPD?

Niños, niñas y adolescentes tienen en la OPD un recurso eficiente frente a situaciones de vulneración o exclusión de derechos (maltrato físico, abuso sexual, explotación económica, desconocimiento de derechos y otros). En esta oficina encontrarán los recursos necesarios para instituir los derechos vulnerados, que le permitan ejercer plenamente sus derechos. La OPD dispone de los medios que le permitirán a sus usuarios/as encontrar soluciones en conjunto con los agentes territoriales, la familia, la comunidad e instituciones públicas y privadas, en la restitución de los derechos vulnerados.

¿QUÉ HACE LA OPD?

La OPD constituye una “puerta de entrada” a los recursos protectores que ofrece el ámbito local para los niños, niñas y adolescentes excluídos y/o vulnerados en sus derechos. La acción de la OPD permite evitar el innecesario e indiscriminado ingreso de niñas/os y adolescentes al circuito de judilización e institucionalización.
 
La OPD está constituida por un equipo interdisciplinario de profesionales. Su misión es acoger y evaluar si hay vulneración de derechos, de acuerdo a la Convención Internacional de Derechos del Niño y según ella determinar que servicio y/o acciones se requieren realizar en conjunto con la familia para restituir el o los derechos vulnerados.Se privilegia el desarrollo de intervenciones psico-educativas y de resolución alternativa de conflictos, derivando a programas especializados cuando se requiera.Con todo ello, se posibilita el pleno ejercicio de sus derechos a la población infanto-juvenil en el ámbito local